Ley de Comunas de CABA ley 1777

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Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2292

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
LEY Nº 1777/05LEY ORGÁNICA DE COMUNAS - DESCENTRALIZACIÓN - DESCONCENTRACIÓN - FUNCIONES - PARTICIPACIÓN CIUDADANA - ASUNTOS PÚBLICOS - COMPETENCIAS - ÁREA DE PARTICIPACIÓN VECINAL - ÁREA DE PARTICIPACIÓN COMUNAL - LIMITACIÓN - CLÁUSULA TRANSITORIA - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - LEY DE COMUNAS

Buenos Aires, 01 de septiembre de 2005

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de

Ley:

Ley Orgánica de Comunas

Título I

Disposiciones generales

Capítulo 1. Objeto, naturaleza y finalidad

Artículo 1° - Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las normas de organización, competencia y funcionamiento de las Comunas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127, siguientes y concordantes de la Constitución de la Ciudad.

Artículo 2° - Naturaleza jurídica. Las Comunas son unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia.

Artículo 3° - Finalidad. A los efectos de la aplicación e interpretación de esta ley, se entiende que la misma tiene por finalidad:

a) Promover la descentralización y facilitar la desconcentración de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial.

b) Facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos.

c) Promover el desarrollo de mecanismos de democracia directa.

d) Mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad.

e) Implementar medidas de equidad, redistribución y compensación de diferencias estructurales a favor de las zonas más desfavorecidas de la ciudad.

f) Preservar, recuperar, proteger y difundir el patrimonio y la identidad cultural de los distintos barrios.

g) Consolidar la cultura democrática participativa.

h) Cuidar el interés general de la ciudad.

i) Asegurar el desarrollo sustentable.

Capítulo 2. Principios generales

Artículo 4° - Principios generales para la gestión pública descentralizada. La descentralización de la gestión pública se rige por los siguientes principios generales:

a) Descentralización territorial de la ejecución de los programas presupuestarios que tengan impacto local específico en materia de desarrollo social, cultura, deportes y defensa de consumidores y usuarios, así como en otras materias que hacen a las competencias exclusivas y concurrentes dispuestas.

b) Descentralización de la función de control.

c) Subsidiariedad de la actuación del Poder Ejecutivo en relación con las competencias de las Comunas.

d) Planeamiento concertado y coordinado entre el Poder Ejecutivo y las Comunas.

e) Gestión pública participativa.

f) Seguimiento Comunal de la gestión del Poder Ejecutivo en el ámbito local.

g) Eficacia y eficiencia en la gestión y en la prestación de servicios.

h) Desconcentración de la gestión operativa y administrativa.

i) Modernización administrativa e incorporación de herramientas alternativas de gestión.

Capítulo 3. Territorialidad e identidad

Artículo 5° - División territorial. La descentralización de la ciudad se realiza a través de Comunas bajo el agrupamiento de barrios, conforme el número y delimitación establecidos en el Anexo de esta ley.

Artículo 6° - Denominación. Las Comunas se identifican de la manera consignada en el Anexo de la presente ley, hasta tanto los electores de cada una definan su denominación mediante consulta popular convocada por la Junta Comunal.

Concluido el proceso de consulta, la Junta Comunal remitirá un proyecto de ley con la denominación propuesta, para su tratamiento por la Legislatura de la Ciudad.

Artículo 7° - Sede y subsedes. La sede de cada Comuna se establece en el centro barrial más accesible para los vecinos de la misma.

Su primera localización se determina durante el proceso de transición.

La Junta Comunal puede disponer el funcionamiento de subsedes, para cuya ubicación se deben tener en cuenta las centralidades de la Comuna, las identidades barriales y el interés vecinal.

Título II

Competencias y presupuesto de las Comunas

Capítulo 1. Competencias

Artículo 8° - Disposiciones constitucionales. Dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, las Comunas ejercen las funciones y competencias que surgen del artículo 128 y concordantes de la Constitución de la Ciudad, conforme lo establecido en la presente ley.

Artículo 9° - Interpretación a favor de las Comunas. En caso de duda en cuanto a la extensión y alcance de las competencias exclusivas y concurrentes, las mismas deben ser interpretadas a favor de las Comunas. El Poder Ejecutivo no puede ejercer las funciones derivadas de las competencias exclusivas de las Comunas.

Artículo 10 - Competencias exclusivas. Las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva:

a) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente.

b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de Presupuesto.

c) La elaboración participativa de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual, su ejecución y la administración de su patrimonio.

d) La iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de decretos al Poder Ejecutivo.

e) En general, llevar adelante toda acción que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y al desarrollo local, en tanto no implique menoscabo de la ciudad en su conjunto y/o de las demás jurisdicciones Comunales.

Artículo 11 - Competencias concurrentes. Las Comunas tienen a su cargo en forma concurrente con el Poder Ejecutivo:

a) La participación en la planificación, prestación y control de los servicios.

b) La decisión, contratación y ejecución de obras públicas, proyectos y planes de impacto Comunal, así como la implementación de programas locales de rehabilitación y desarrollo urbano.

c) La fiscalización y el ejercicio del poder de policía, de las normas sobre usos de los espacios públicos, suelo y las materias que resulten de los convenios que se celebren a tal efecto, a través de órganos con dependencia administrativa y sede en la Comuna.

d) La evaluación de demandas y necesidades sociales en su ámbito territorial.

e) La participación en la formulación y ejecución de programas de desarrollo y promoción de derechos que, desarrollados por el Poder Ejecutivo, tengan incidencia en su ámbito territorial.

f) La gestión de actividades en materia de políticas sociales y proyectos comunitarios que pueda desarrollar con su propio presupuesto, complementarias de las que correspondan al Gobierno de la Ciudad.

g) La implementación de un adecuado método de resolución de conflictos mediante el sistema de mediación comunitaria, con participación de equipos multidisciplinarios.

h) El desarrollo de acciones de promoción, asistencia y asesoramiento a entidades vecinales no gubernamentales, sociedades de fomento, asociaciones cooperadoras, de consumidores y usuarios, clubes barriales y otras asociaciones civiles sin fines de lucro que actúen en el ámbito de la Comuna.

Artículo 12 - Delegación. El Poder Ejecutivo puede delegar en las Comunas la ejecución de competencias propias, a través de la celebración de instrumentos que establezcan las responsabilidades que asume cada parte y garanticen la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes para su ejecución.

La delegación se efectúa en forma igualitaria a todas las Comunas.

Artículo 13 - Políticas especiales. Conforme lo establecido en el Título Segundo de la Constitución de la Ciudad sobre políticas especiales, las Comunas intervienen, dentro de la esfera de sus competencias, en la elaboración y planificación de políticas en las áreas de salud, educación, medioambiente, hábitat, cultura, deporte, seguridad, igualdad entre varones y mujeres, niños, niñas y adolescentes, juventud, personas mayores, personas con necesidades especiales, trabajo y seguridad social, consumidores y usuarios, comunicación y presupuesto, función pública, ciencia y tecnología y turismo.

Capítulo 2. Presupuesto de las Comunas

Artículo 14 - Patrimonio y recursos. El patrimonio y los recursos de cada Comuna están formados por:

a) los fondos asignados por la Ley de Presupuesto y por leyes especiales;

b) los ingresos originados por actos de disposición;

c) las donaciones y legados;

d) los bienes que la administración central le transfiera;

e) los restantes bienes y derechos que adquiera en el futuro utilizando el presupuesto con el que cuenta.

Artículo 15 - Elaboración participativa y remisión. La aprobación del anteproyecto de presupuesto de cada Comuna está a cargo de la Junta Comunal y se elabora a través de mecanismos que, a escala barrial, garantizan la participación de los vecinos en la fijación de metas, formulación y control presupuestario. La discusión referida precedentemente se dará en el ámbito del Consejo Consultivo Comunal.

Al remitir el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos, el Poder Ejecutivo enviará juntamente con el mismo, a título informativo, los anteproyectos remitidos por las Comunas. Los anteproyectos no deben incluirse fusionados, sino separados por Comuna.

Artículo 16 - Suficiencia, proporcionalidad y automaticidad. Los recursos asignados a las Comunas deben ser suficientes para el cumplimiento de sus fines y directamente proporcionales para el desempeño de las competencias que se les atribuyen. La transferencia de los fondos del tesoro de la ciudad a las Comunas se ejecuta en forma automática y se rige por las disposiciones vigentes comunes a toda la administración.

Artículo 17 - Distribución. Las partidas que el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Ciudad asigna a las Comunas, se distribuyen entre ellas teniendo en cuenta pautas de equidad.

A tales efectos el Consejo de Coordinación Intercomunal elabora una matriz presupuestaria basada en indicadores sociales, culturales, económicos, ambientales, demográficos y urbanísticos que permita generar criterios de distribución y compensación de las diferencias estructurales existentes entre los distintos barrios y zonas de la ciudad.

No pueden efectuarse transferencias de partidas entre Comunas sin autorización legislativa.

Artículo 18 - Previsiones. El crédito asignado a cada concepto del presupuesto Comunal aprobado por la Legislatura de la Ciudad sólo podrá ser aplicado para atender las erogaciones que comprendan esa asignación. Toda resolución de la Junta Comunal que autorice gastos no previstos deberá determinar su financiación.

Para autorizar la compensación de excesos producidos en algunas partidas presupuestarias con la transferencia, a modo de refuerzos de otras partidas que cuenten con margen disponible o con superávit real del ejercicio, se requiere la mayoría establecida en el artículo 27 de la presente ley.

Título III

Gobierno Comunal

Capítulo 1. Disposiciones generales

Artículo 19 - Integración. El gobierno de las Comunas es ejercido por un órgano colegiado, integrado por siete (7) miembros, denominado Junta Comunal, respetándose en la confección de las listas de candidatos, lo establecido en el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 20 - Elección. Los miembros de la Junta Comunal son elegidos, en forma directa y con arreglo al régimen de representación proporcional que establece la ley electoral vigente, por los ciudadanos domiciliados en la Comuna. A tales fines, cada Comuna constituye un distrito único.

Para la votación de las Juntas Comunales se habilitarán boletas u opciones separadas, en caso de coincidir con la celebración de otras elecciones.

La convocatoria a elecciones de integrantes de las Juntas Comunales es efectuada por el Jefe de Gobierno.

Artículo 21 - Requisitos. Para ser miembro de la Junta Comunal se requiere:

a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En el último caso, debe tener, como mínimo, dos (2) años de ejercicio de la ciudadanía.

b) Tener residencia habitual y permanente en la Comuna, inmediata a la elección, no inferior a dos (2) años.

c) Ser mayor de edad a la fecha de la elección.

d) No encontrarse comprendido en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en los artículos 72 y 73 de la Constitución de la Ciudad.

Artículo 22 - Duración de los mandatos. Los miembros de la Junta Comunal duran cuatro (4) años en sus funciones. Si fueran reelectos no pueden ser elegidos para un nuevo período sino con el intervalo de cuatro (4) años.

La Junta Comunal se renueva en su totalidad cada cuatro (4) años.

Artículo 23 - Vacancia. En caso de producirse alguna vacancia en la Junta Comunal por muerte, renuncia, destitución, revocatoria o incapacidad permanente de uno de sus miembros, lo sucede quien haya figurado como candidato de la lista de origen en el orden siguiente.

El sucesor desempeña el cargo hasta finalizar el mandato que le hubiera correspondido al titular reemplazado.

Artículo 24 - Destitución. Los integrantes de la Junta Comunal pueden ser destituidos por revocatoria de mandato o por juicio político realizado a través de los procedimientos previstos y fundados en las causales dispuestas en los artículos 67, 92 y siguientes de la Constitución de la Ciudad.

Artículo 25 - Remuneraciones. Los miembros de la Junta Comunal perciben por el desempeño de sus funciones una remuneración que, por todo concepto, es equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso bruto total, remuneratorio correspondiente a los diputados de la ciudad.

Corresponde al presidente/a de la Junta Comunal, un adicional por ejercicio del cargo, equivalente al diez por ciento (10%) de la retribución establecida precedentemente para los miembros de la Junta Comunal.

No pueden fijarse adicionales de ninguna naturaleza que excedan los topes establecidos.

Capítulo 2. Atribuciones y obligaciones de la Junta Comunal

Artículo 26 - Atribuciones y obligaciones. Son atribuciones y obligaciones de la Junta Comunal:

a) Aprobar el programa de acción y el anteproyecto de presupuesto anual.

b) Ejecutar su presupuesto y administrar el patrimonio de la Comuna.

c) Disponer, de acuerdo a las previsiones presupuestarias, la adquisición de bienes.

d) Aceptar donaciones y legados.

e)Celebrar los contratos y convenios en que la Comuna sea parte.

f) Ejercer la superintendencia del personal de la Comuna. Nombrar y remover a su personal de acuerdo con la legislación vigente.

g) Aprobar los anteproyectos de ley y de decreto que remite para su tratamiento, a la Legislatura de la Ciudad y al Poder Ejecutivo, respectivamente.

h) Atender a la prestación de los servicios y ejercer el poder de policía dentro de su ámbito jurisdiccional, en los términos del Capítulo 1 del Título II: Competencias y Presupuesto de las Comunas.

i) Promover la participación de los vecinos en la gestión del gobierno de la Comuna y en la elaboración y planificación de las políticas previstas en el Título II de la Constitución de la Ciudad.

j) Convocar a audiencias públicas y consulta popular en el ámbito de la Comuna.

k) Crear y mantener actualizado el registro de las entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, redes, otras formas de organización que desarrollen actividades comunitarias dentro de la jurisdicción de la Comuna y vecinos, e inscribirlas a los fines de su integración y participación en el Consejo Consultivo Comunal.

l) Garantizar el efectivo funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal.

m) Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando ello resulte imprescindible para el cumplimiento de sus funciones.

n) Requerir asesoramiento de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo así como de organismos técnicos, de carácter público, para la ejecución de proyectos de obras y servicios públicos.

ñ) Planificar una política de comunicación ciudadana que garantice el acceso a la información y publicidad de los actos de gobierno y los informes de la Unidad de Auditoría Interna.

o) Emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias.

p) Asesorar y emitir opinión no vinculante en la designación de cargos públicos que tengan injerencia en su ámbito comunal.

q) Emitir opinión, dentro de los 30 días de recibida la actuación, acerca de toda modificación o autorización de usos, que afecten los derechos subjetivos, intereses legítimos, o intereses difusos o colectivos de los vecinos de la Comuna que se presuma de mediano o relevante impacto ambiental en los términos de la legislación vigente.

r) Publicar los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto en la página web del Gobierno de la Ciudad, dentro de los quince (15) días de remitidos al Poder Ejecutivo.

s) En general, llevar adelante la atención de todo asunto de interés de la Comuna.

Artículo 27 - Reglamento interno. Cada Junta Comunal dicta su reglamento interno, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros.

Los reglamentos de las Juntas Comunales deben requerir el voto de la mayoría absoluta de los miembros para:

a) Formar quórum.

b) Aprobar el anteproyecto del presupuesto.

c) Autorizar la compensación referida en el segundo párrafo del artículo 18.

Para contratar por plazos que excedan el mandato de la Junta Comunal se requiere el voto de cinco (5) de sus miembros.

Capítulo 3. Organización de la Junta Comunal

Artículo 28 - Organización. La Comuna organiza funcionalmente su acción de gobierno en áreas de gestión. Cada Comuna contará con un área de participación vecinal y otra de control comunal. El resto de las áreas se establecen teniendo en cuenta la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad y las prioridades comunitarias.

La administración general está a cargo del presidente/a de la Junta Comunal.

Las áreas de gestión de la Junta Comunal son distribuidas entre los miembros, de acuerdo con lo que ésta disponga.

La organización funcional en áreas de gestión, en ningún caso implica menoscabo de la responsabilidad de los integrantes de la Junta Comunal por las decisiones que adopte en ejercicio de sus competencias.

Artículo 29 - Atribuciones y obligaciones del presidente/a. Corresponde al presidente/a de la Junta Comunal:

a) Representar legalmente a la Comuna.

b) Dirimir con su voto las cuestiones en que hubiera empate en la votación de la Junta Comunal.

c) Convocar y presidir las reuniones de la Junta Comunal. Elaborar su orden del día.

d) Elevar para su aprobación por la Junta Comunal, el programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual elaborados participativamente.

e) Firmar los actos administrativos que emanen de resoluciones de la Junta Comunal.

f) Expedir órdenes de pago.

g) Integrar el Consejo de Coordinación Intercomunal.

h) Convocar al Consejo Consultivo Comunal.

i) Rendir cuentas semestralmente ante el Consejo Consultivo Comunal de las actuaciones de la Junta Comunal.

j) En general, realizar todo acto que la Junta Comunal le encomiende.

Artículo 30 - Acefalía. En caso de renuncia, fallecimiento, revocatoria, destitución o incapacidad permanente del presidente/a, la Comuna es representada legalmente y presidida por el segundo integrante de la lista que haya obtenido mayor número de votos en la Comuna.

Artículo 31 - Ausencia temporaria. En caso de ausencia temporaria del presidente/a, la Comuna es representada legalmente y presidida por el miembro de la Junta Comunal que éste designe y por el término que dure la misma.

Artículo 32 - Atribuciones de los miembros de la Junta Comunal. Son sus atribuciones:

a) Ejercer la titularidad de una o más áreas de gestión de la Comuna, en caso de disponerlo la Junta Comunal.

b) Elevar al presidente/a de la Junta Comunal el plan de acción y el cálculo de gastos del área o las áreas de gestión a su cargo.

c) Informar mensualmente a la Junta Comunal acerca del estado de ejecución del plan de acción correspondiente al área o las áreas a su cargo.

d) Participar en la decisión respecto del ejercicio de la totalidad de las competencias atribuidas a la Junta Comunal.

e) Refrendar las actas de reunión, juntamente con el presidente/a.

Sin perjuicio de sus atribuciones como miembros de la Junta Comunal son obligaciones de los responsables de las áreas de participación vecinal y control comunal:

Área de Participación Vecinal:

a) Instrumentar las medidas que garanticen el funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal.

b) Promover y desarrollar mecanismos de democracia participativa en el ámbito de la Comuna.

Área de Control Comunal:

a) Instrumentar la organización del cuerpo de inspectores.

b) Instrumentar la organización del comité de control de servicios con participación vecinal.

Título IV

Participación vecinal

Capítulo Único. Consejo Consultivo Comunal

Artículo 33 - Definición. Créase en el ámbito de cada Comuna, el Consejo Consultivo Comunal como organismo consultivo y honorario de participación popular, conforme lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la Ciudad.

Artículo 34 - Integración y participación. El Consejo Consultivo Comunal está integrado por representantes de entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, redes y otras formas de organización con intereses o actuación en el ámbito territorial de la Comuna. No perciben remuneración ni compensación económica alguna por sus servicios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las normas de funcionamiento interno de cada Consejo Consultivo Comunal deben garantizar el derecho de los vecinos domiciliados en la Comuna a participar en forma individual de las actividades del mismo. Asimismo, garantizan el funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal a escala barrial.

Artículo 35 - Funciones. Son funciones del Consejo Consultivo Comunal:

a) Participar del proceso de elaboración del programa de acción anual y anteproyecto de presupuesto de la Comuna y definir prioridades presupuestarias y de obras y servicios públicos.

b) Efectuar el seguimiento, evaluar la gestión Comunal y supervisar el cumplimiento de la correcta prestación de los servicios públicos brindados por el Poder Ejecutivo en la Comuna.

c) Presentar ante la Junta Comunal iniciativas así como propuestas para la implementación de programas y políticas de interés comunitario.

d) Formular solicitudes de convocatoria a audiencia pública y a consulta popular.

e) Promover, ordenar, canalizar y realizar el seguimiento de las demandas, reclamos, proyectos y propuestas de los vecinos.

f) Promover políticas de comunicación ciudadana, de acceso a la información y de participación vecinal.

g) Promover la utilización de los mecanismos de participación ciudadana entre los vecinos de la Comuna.

h) Controlar la ejecución del presupuesto de la Comuna.

i) Elaborar las normas de su funcionamiento interno en consonancia con la presente ley.

j) Generar espacios abiertos de discusión, foros y toda otra forma de participación directa para debatir y elaborar propuestas sobre acciones, obras, programas y políticas públicas.

k) Asesorar a la Junta Comunal sobre las materias que son competencia de la Comuna.

Artículo 36 - Funcionamiento. El Consejo Consultivo Comunal funciona descentralizadamente, debiendo rotar el lugar de reunión entre los distintos barrios que integren la respectiva Comuna.

Podrá autoconvocarse de acuerdo a lo que establezcan las normas para su funcionamiento interno.

Se reunirá al menos una vez al mes, en fecha, hora y lugar ampliamente difundidos en todo el territorio Comunal.

Artículo 37 - Tratamiento obligatorio. Las recomendaciones emanadas del Consejo Consultivo Comunal son de consideración obligatoria por la Junta Comunal.

Artículo 38 - Mecanismos de participación ciudadana. Se aplican en el ámbito de la Comuna, las disposiciones de las leyes que regulan los mecanismos de audiencia pública, iniciativa popular, referéndum y consulta popular, derecho a la información y revocatoria de mandato, todo en cuanto sean aplicables.

Título V

Coordinación entre el Poder Ejecutivo y las Comunas

Capítulo Único. Consejo de Coordinación Intercomunal

Artículo 39 - Definición. El Consejo de Coordinación Intercomunal es el órgano de discusión y consenso de las políticas entre las Comunas y el Poder Ejecutivo.

Artículo 40 - Composición y funcionamiento. El Consejo de Coordinación Intercomunal es presidido por el Jefe/a de Gobierno o, en su defecto, por el funcionario que el mismo designe, quien no puede ejercer un cargo inferior al de Secretario/a, y se encuentra integrado por los presidentes/as de cada una de las Juntas Comunales.

Artículo 41 - Atribuciones. Son atribuciones del Consejo de Coordinación Intercomunal:

a) Entender sobre la planificación de las competencias que en forma concurrente la Constitución, el Poder Ejecutivo y esta ley le asignan a las Comunas.

b) Coordinar y monitorear la ejecución del proceso de descentralización político - administrativo del Gobierno de la Ciudad.

c) Acordar el contenido de las jurisdicciones Comunales dentro del proyecto de Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Ciudad, a partir de los anteproyectos presupuestarios Comunales participativamente elaborados.

d) Definir los contenidos generales de la planificación plurianual de inversiones y coordinar los programas anuales de acción de cada Comuna.

e) Proponer criterios de integración técnica, funcional y administrativa de las Comunas con el Poder Ejecutivo.

f) Fijar criterios para la construcción de la matriz presupuestaria de acuerdo al artículo 17 de la presente ley. Dichos criterios se revisarán al menos quinquenalmente.

g) Dictar su reglamento interno de funcionamiento.

h) Promover programas de capacitación y difusión del sistema Comunal.

i) Mediar en cuestiones de competencias superpuestas entre Comunas.

j) Fijar los límites requeridos por la normativa aplicable en la materia para las distintas modalidades de contratación y establecer los niveles administrativos habilitados para sus respectivas autorizaciones.

Título VI

Descentralización del control

Capítulo Único. Organismos de control

Artículo 42 - Control interno y externo. El control interno y externo de los actos de la Junta Comunal está a cargo de la Sindicatura General y la Auditoría General de la Ciudad, respectivamente, conforme a la normativa vigente. Se crea una Unidad de Auditoría Interna para el control de gestión.

Artículo 43 - Otros organismos. Las Comunas propician convenios para que en ellas funcionen oficinas desconcentradas del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, la Defensoría del Pueblo y otros organismos de control.

Título VII

Intervención de las Comunas

Capítulo Único. Causales, plazo y alcances

Artículo 44 - Causales. La Legislatura interviene las Comunas cuando existiere causa grave, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 82, inciso 3°, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 45 - Requisitos para ser interventor. El interventor debe reunir los requisitos previstos por el artículo 70 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le comprenden los mismos impedimentos e incompatibilidades previstas para los diputados de la ciudad.

Artículo 46 - Atribuciones y plazo. El interventor se halla investido de la totalidad de las atribuciones fijadas por esta ley para la Junta Comunal y debe rendir cuenta a la Legislatura sobre su gestión cada vez que ésta se lo requiera. La intervención sólo podrá extenderse por el lapso de noventa (90) días corridos.

Título VIII

Disposiciones transitorias

Artículo 47 - Transición. Cronograma. El Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que contemple la efectiva participación de los representantes de las organizaciones vecinales.

La conformación de las Comunas y la elección de sus autoridades se ajusta a un proceso de fortalecimiento institucional que comprende:

a) Descentralización de los servicios actualmente desconcentrados en los Centros de Gestión y Participación, adaptación de los límites, la normativa y los padrones electorales.

b) Transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II de la presente ley.

c) El proceso de transición debe completarse al 31 de diciembre de 2006. Antes del vencimiento de dicho plazo la Legislatura fija la fecha en que se realizarán las elecciones, que deben ser convocadas por el Jefe de Gobierno, y de la disolución de los Centros de Gestión y Participación, y asunción de las autoridades electas.

Artículo 48 - Comisión de Control y Seguimiento. A efectos de realizar el seguimiento del proceso de transición, confórmase una comisión bipartita integrada por representantes vecinales agrupados según las Comunas establecidas y los diputados integrantes de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 49 - Personal. La planta de personal de las Comunas se integrará con la planta permanente de la actual Secretaría de Descentralización y Participación Ciudadana.

Si fuera necesario incrementarla, ésta se integrará prioritariamente con agentes dependientes de otras áreas centrales que ya han desconcentrado o descentralizado servicios.

Esta transferencia se realizará sin alteración, en ambos casos, de su situación de revista, antigüedad, cargo, función, categoría, nivel remunerativo alcanzado por todo concepto y demás derechos adquiridos al amparo de la legislación en vigencia al momento de la transferencia.

Artículo 50 - Información presupuestaria sobre la transición. En cada proyecto de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos que el Poder Ejecutivo remita a la Legislatura, que contemple acciones relacionadas con la transición, deben indicarse analíticamente y con la mayor apertura disponible conforme la normativa vigente, cuáles son las partidas afectadas al proceso de descentralización Comunal, tanto en la administración central como en la descentralizada.

Artículo 51 - Servicios tercerizados. Los servicios tercerizados actualmente a cargo del Poder Ejecutivo que en virtud de la presente ley deban ser transferidos a las Comunas continuarán vigentes. Se transfiere a las Comunas el control de la ejecución, certificación y priorización de los servicios.

Artículo 52 - Coherencia en la delimitación. Todas las divisiones territoriales de la ciudad, cualquiera sea su propósito, deben ajustarse a la delimitación establecida por esta ley para las Comunas en un plazo que no supere los tres (3) años, contados a partir de la sanción de la presente ley. Ellas pueden dividir una Comuna o sumar dos (2) o más, pero no tomar fracciones de distintas Comunas para delimitar una zona.

Toda otra área o dependencia cuya adecuación a lo dispuesto en el presente artículo no puede entrar en vigor en razón de las limitaciones impuestas por la Ley N° 24.588 quedarán pendientes hasta que una reforma legislativa o los tribunales competentes habiliten su vigencia. No obstante ello, el Poder Ejecutivo convendrá con las autoridades correspondientes la adecuación de las respectivas jurisdicciones.

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA - A los efectos de garantizar que la integración de las Juntas Comunales cumpla con lo prescripto en el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hasta tanto sea dictada la Ley Electoral de la Ciudad, las listas que presenten los partidos políticos para la elección de los miembros de las Juntas Comunales no podrán incluir dos personas de un mismo sexo en forma consecutiva.

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA - Al único efecto de la primera elección de miembros de las Juntas Comunales, y por única vez, el requisito de residencia habitual y permanente en la Comuna exigido por el inciso b) del artículo 21 se tendrá por cumplido si se cuenta con residencia habitual y permanente en cualesquiera de las Comunas inmediatamente contiguas.

CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA - Tope presupuestario. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en los primeros dos ejercicios anuales contados desde la asunción de las primeras autoridades Comunales, tanto los anteproyectos de presupuestos Comunales en su conjunto, como el presupuesto total asignado a las Comunas, no pueden superar el cinco por ciento (5%) del total correspondiente al presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la ciudad para cada uno de dichos años. Concluido el período de transición estipulado precedentemente, que no puede ser prorrogado, se está a lo que sobre el punto dispongan las leyes de presupuesto que fueran pertinentes.

Artículo 53 - Comuníquese, etc.

ANEXO

Delimitación

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se divide en quince (15) Comunas cuya delimitación se ajusta al siguiente detalle, de acuerdo a los límites de barrios establecidos por el artículo 1° de la Ordenanza N° 26.607/72 y sus modificatorias:

Comuna 1: Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución.

Comuna 2: Recoleta.

Comuna 3: San Cristóbal y Balvanera.

Comuna 4: Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya.

Comuna 5: Almagro y Boedo.

Comuna 6: Caballito.

Comuna 7: Flores y Parque Chacabuco.

Comuna 8: Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano.

Comuna 9: Parque Avellaneda, Liniers y Mataderos.

Comuna 10: Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro.

Comuna 11: Villa Gral. Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita.

Comuna 12: Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón.

Comuna 13: Belgrano, Núñez y Colegiales.

Comuna 14: Palermo.

Comuna 15: Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Villa Ortúzar y Agronomía.

ANEXOS

ANEXO

Delimitación

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se divide en quince (15) Comunas cuya delimitación se ajusta al siguiente detalle, de acuerdo a los límites de barrios establecidos por el artículo 1° de la Ordenanza N° 26.607/72 y sus modificatorias:

Comuna 1: Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución.

Comuna 2: Recoleta.

Comuna 3: San Cristóbal y Balvanera.

Comuna 4: Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya.

Comuna 5: Almagro y Boedo.

Comuna 6: Caballito.

Comuna 7: Flores y Parque Chacabuco.

Comuna 8: Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano.

Comuna 9: Parque Avellaneda, Liniers y Mataderos.

Comuna 10: Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro.

Comuna 11: Villa Gral. Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita.

Comuna 12: Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón.

Comuna 13: Belgrano, Núñez y Colegiales.

Comuna 14: Palermo.

Comuna 15: Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Villa Ortúzar y Agronomía

Unidad 16. La competencia municipal.

Unidad 16.

La competencia municipal.

1. Las competencias y atribuciones del municipio. Diferentes teorías y sistemas legislativos.

2. El poder de policía municipal.  Concepto. Los alcances del poder de policía y sus límites. El principio de legalidad. La cuestión de la competencia municipal en los lugares pertenecientes al Estado Federal.  El nuevo artículo 75 inc. 30 de la Constitución Nacional.

3. Servicios públicos municipales. Noción. Clasificación. Modalidades de su prestación.

4. El régimen de bienes del municipio.  El dominio público municipal. Los bienes patrimoniales. El uso de los bienes del municipio.

5. La obra pública municipal.  Concepto.  Formas de Ejecución y Financiación. Régimen Jurídico.

6. Poder tributario municipal. Noción. Teorías. Alcances.  Los recursos municipales en particular.  La inembargabilidad de los recursos municipales.

7. La relación de empleo público municipal.  Concepto. Régimen Jurídico. Funcionarios y empleados municipales.

8. El acto administrativo municipal. Concepto. Elementos. Vicios.  La nulidad del acto administrativo municipal.  El procedimiento administrativo municipal.

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PODER DE POLICIA

El poder de policía es —según Joaquín V. González— “la potestad de restringir la libertad de los individuos, con el fin de conservar la armonía de todos, establece reglas de buena conducta, calculadas para evitar conflicto entre ellos”.

Para Miguel S. Marienhoff es “una potestad reguladora del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los derechos constitucionales de los habitantes. Dicho poder, dadas las limitaciones que apareja en la esfera jurídica de los habitantes del país, es una atribución perteneciente al órgano legislativo de gobierno, único con competencia para establecer tales limitaciones”.

El poder de policía —ahora constitucionalmente explícitamente en el artículo 75 inciso 30 de la ley suprema de la nación, luego de la reforma de 1994— corresponde tanto al gobierno federal, como a las provincias, municipios y Ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene su base en el artículo 14 y las limitaciones prescriptas en los artículos 28 y 19 de la Constitución nacional y con respeto de la teoría de la “razonabilidad” acuñada por nuestra Corte Suprema de Justicia.

El poder de policía tiene dos conceptos: restringido y amplio. El primero, propio de la doctrina europea, limita los objetivos del mismo a asegurar la seguridad, salubridad y moralidad, mientras que el segundo, propio de la doctrina y jurisprudencia norteamericanas, agrega a los objetivos mencionados el del bienestar general.

Se clasifica en preventivo, reglamentario y represivo, con distintas competencias tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo según los casos, y eventualmente, con la intervención del Poder Judicial en la última etapa, para asegurar el respeto de los principios constitucionales.

En un fallo la Corte Suprema ha dicho:

La administración, el gobierno o el régimen municipal que los constituyentes recocieron como esencial base de la organización política argentina al consagrarlo como requisito de la autonomía provincial (artículo 5o.) consiste en la administración de aquellas materias que conciernen únicamente a los habitantes de un distrito o lugar particular sin que afecte directamente a la nación en su conjunto11 y, por lo tanto, debe estar investido de la capacidad necesaria para fijar las normas de buena vecindad, ornato, higiene, vialidad, moralidad, etcétera de la Comuna y del poder de preceptuar sanciones correccionales para las infracciones de las mismas, pues aquéllas sin estas son propias de la moral y no del derecho.

EL ORIGEN DE LA INSTITUCIÓN DEL PODER DE POLICÍA Y SU EVOLUCIÓN:

La figura bajo estudio aparece en el caso “BROWN Charles vs Estado de MARYLAND” (1827). El Sr. BROWN era proveedor del Estado Confederal Central, EE.UU, en materia de armas y pertrechos bélicos. En tal condición dirigía un conjunto de carretas rumbo a la capital confederal de la ciudad de Washington al pretender ingresar en territorio del estado confederado de MARYLAND el convoy fue detenido por las milicias de aquel estado. El argumento de las autoridades de MARYLAND era, que la carga transportada por el Sr. BROWN era peligrosa para la vida y la salud de los habitantes estaduales. Se ve claramente el conflicto, esto es la colisión entre derechos individuales del Sr. BROWN (la libertad de tránsito por todo el territorio de su país) frente al derecho social de la población de MARYLAND de atender a su propia seguridad. El Sr. BROWN concurrió ante los tribunales de Justicia. Llegada la cuestión al Tribunal de la Corte Suprema norteamericana, el Presidente del Alto Tribunal Dr. John MARSHALL creo el instituto “POLICE POWER”, dice en su voto: Debe entenderse que los derechos individuales ceden ante la presencia de un derecho social. A lo más que puede aspirarse es a limitar el derecho individual no pudiendo denegarlo, desconocerlo o conculcarlo.- En el caso concreto, el Estado de MARYLAND podía limitar el derecho al libre tránsito del Sr. BROWN, pero no podía desconocerlo o negarlo.-

MARSHALL, entendió que sí bien el tránsito por vía terrestre estaba legítimamente limitado, ello no impedía autorizar al Sr. BROWN a continuar su viaje, por vía fluvial primero en el Río DELAWARE y por intermedio del océano Atlántico más luego hasta llegar al distrito confederal, o sea Washington .-

Previamente BROWN, debía contratar 3 seguros, el 1°, un seguro a favor de los habitantes ribereños. – El 2° es un seguro a favor de los tripulantes y obreros embarcados en sus buques, y el 3°, ERGA OMNES, por la peligrosidad de la carga transportada. -

LA RECEPCIÓN DEL PODER DE POLICÍA EN LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA DE 1853:

El Dr. ALBERDI, conocía de la creación del Dr. MARSHALL, fue así que en su anteproyecto constitucional hizo ingresar el Poder de Policía en el Art. 14.

DIFERENCIA ENTRE EL PODER DE POLICÍA Y LA POLICÍA DE SEGURIDAD:

Teoría de la Asimilación: Su autor es el Dr. Bartolomé FIORINI, dice “que siendo de índole diferente estas 2 instituciones, terminan asimilándose. -

Teoría de la Confusión: Su autor, Dr. Fernando GARRIDO FALLA, que escribía que en realidad, ambas instituciones son absolutamente independientes, pero terminan fusionándose, por confusión en el ejercicio práctico. -

Teoría de la negación Absoluta: “” El Dr. Adolfo MERKL, a quien han seguido en argentina el Dr. GORDILLO y Losé Roberto DROMI, estos piensan que ambas figuras son totalmente independientes

LIMITES AL PODER DE POLICÍA (DISTINTAS TEORÍAS)

a) La teoría restringida europea o criterio “Narrow”, tiene su origen en la Corte de Casación y el Consejo de Estados Franceses y ha sido perfeccionadas por autores como: Maurice HAURIOU, Gaston JEZE, Jorge RENARD, Adolfo MERKL y Gûido ZANOBINI, solo admite la limitación de 3 plexos de derechos, estos es los relativos a la seguridad, la salubridad y la higiene y el orden público, por influencia de Rafael BIELSA, nuestra Corte Federal siguió este criterio hasta 1921 existiendo 2 casos lideres:

“Empresa PLAZA DE TOROS c. MUNICIPIO de la CIUDAD de BUENOS AIRES.-

“SALADERISTAS de BARRACAS c. PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-

b) A partir de 1922 nuestra Corte por influencia de 2 juristas argentinos, que fueron profesores en Universidades de EE.UU1, se adopto entonces la teoría americana amplia también llamada “BROAD AND PLENARY”. “No hay derecho alguno que no pueda ser limitado por el Poder de Policía”, la Corte argentina sigue esta idea desde el caso “ERCOLANO” donde convalido por el voto de sus 4 vocales y la disidencia del Dr. BERMEJO, la 1ª ley de prórroga de las locaciones urbanas dictadas a fines de la presidencia de IRIGOYEN.-

Materia en que se ejercita el poder de policía. Ejemplos:

En cuanto a las materias en que se ejercita el poder de policía por la municipalidad, Alcides Greca señala las siguientes: costumbres, tránsito, publicidad, pesas y medidas, propiedad, sanitaria, atmosférica y mortuoria.

1.Poder de policía municipal sobre espectáculos públicos en lugares abiertos: aquí el municipio controla la seguridad de las instalaciones, la potencia de los sonidos.

2. Policía municipal edilicia, controla las obras públicas y privadas (Dirección de Obras Privadas). Por ej. El respeto de la ley de suelos, del valor arquitectónico de determinadas propiedades, como también el respeto entre la línea de edificación.

3. Policía de tránsito: vigila la no-comisión de infracciones (Inspección General) v.g. la tarea de control de la circulación, del respeto del debido estacionamiento, de impedir el estacionamiento en doble fila, de la atención de las luces de los semáforos como así también de la obligación de no circular en sitios urbanos por encima de los 40 Km x h velocidad que debe reducirse en las bocas calles.

4. Policía de comercio: por ejemplo, en negocios gastronómicos que haya baños separados para hombres y mujeres.

5. Policía de industria: aquí se controla el aspecto vinculado con el hecho de que si los operarios comen en fabrica, la cocina y los comedores deben ser independiente de los talleres, también que los obreros tengan baños en el comedor separados de los baños del taller así mismo que se respeten los horarios de descanso y los propios del trabajo de mujeres y de niños.

6. Policía de bromatología: se ocupa del estado del peso de los ingredientes y demás elementos para alimentos y bebida. Los inspectores municipales pueden retirar paquetes o frascos testigos parar efectuar análisis.

7. Policía de sanidad del medio ambiente: controlar la no contaminación por vía de emanaciones de rodados o de fábricas.

8. Policía de espectáculos públicos cerrados: se debe controlar la seguridad del local: la no superación del número de personas consignadas en la habilitación, la no existencia o ingreso de elementos de pirotecnia, la existencia de paneles que impida que la radiación de música supere los 90 decibeles con relación a los vecinos.

9. Policía de residuos debe controlar que no sean depositados en lugares no autorizados o en horario diurnos no habilitados.

PODER DE POLICIA:  Es una potestad atribuida por el ordenamiento jurídico al Poder Legislativo o al órgano investido de tales funciones, a fin de que este reglamente el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, es una facultad legislativa de limitación. El fundamento se encuentra en el artículo 14 de la CN que expresamente condiciona el goce de los derechos ahí numerados.  La potestad estatal que tiende hacer efectiva esa restricción recibe el nombre de poder de policía

            Basalvilbaso enseñaba que} la policía no debe confundirse con el llamado poder de policía, ya que esta es una potestad reguladora de los derechos individuales reconocidos expresa o implícitamente, la policía es una función o actividad administrativa que tiene por objeto la protección de la seguridad.

            Iturrez lo ha definido como “La potestad en cuya virtud el Estado, con el fin de asegurar la libertad, la convivencia armónica, la seguridad, la moralidad y el bienestar general de los habitantes impone por medio de la ley, limitaciones razonables al ejercicio de los derechos individuales, a los que no puede alterar y menos destruir.

Posturas:

a)     Negatoria: el poder de policía, que afirma la inutilidad categoría jurídica así definida se trata simplemente de una actividad legislativa del Estado., otra postura reza que policía y poder de policía considera que son denominaciones de una misma función que es ejercida por distintos óranos del Estado

b)     Afirmativa: Es a los fines de estudiar la competencia de los entes públicos en tanto desarrollan actividades tendientes al equilibro del interés particular y general de lo que llamamos bien común.

Los limites al poder de policía:

El Poder de Policía reside en que no existe derechos absolutos, y que son susceptible de ser reglamentados y limitados, pero el mismo no puede ejercerse en forma irrestricta ya que tiene 3 limites a) principio de razonabilidad; b) Intimidad y de c) Legalidad.

PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD

Las leyes de policía son constitucionales sino destruyen o alteran derechos adquiridos, las medidas deben ser razonables y convenientes, no repugnantes a la Constitución Nacional. La ley solo puede aportar restricciones a las libertades individuales, bajo condición expresa de que sean las misma para todos y sean necesarias para asegurar el libre desenvolvimiento de la actividad de cada uno. Ser razonable, fin público, circunstancias justificantes, adecuación del medio elegido al fin propuesto y ausencia de inequidad manifiesta. Obliga a ponderar con prudencia las consecuencias sociales de la decisión, para evitar la arbitrariedad por “´prohibiciones injustificadas” o “por excepciones arbitrarias”

Artículo 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Toda limitación a los derechos y garantías individuales debe ser efectuada por ley o basarse en ella, por ser la expresión soberanía popular.

Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

PRINCIPIO DE INTIMIDAD

Garantiza el orden privado de las personas como zona de reserva exenta de la autoridad de la ley y en donde en consecuencia no se admite limitación alguna de los derechos individuales, salvo que de alguna manera estos ofendan el orden y la moral pública.

Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

La cuestión de la competencia provincial y municipal en los lugares pertenecientes al Estado Federal.

Se reconocen tres niveles estatales: nacional, Provincial y municipal, que poseen una esfera de competencia propia, existen potenciales situaciones de concurrencia o conflicto de competencia. Por ejemplo, las leyes de tránsito, dado que las normas federales, leyes provinciales y ordenanzas municipales. El conflicto también se presenta en los lugares pertenecientes al Estacional nacional existente en los territorios provinciales, se tratan de caso de establecimiento o lugares adquiridos por el estado federal para el funcionamiento de una institución o servicio a su cargo, como una Universidad Nacional, un aeropuerto, fortaleza militar o una estación de ferrocarril. El Articulo 69 en su inciso 27 de la Constitución –nacional rezaba “Ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la Capital de la Nación, y sobre demás lugares adquiridos por compra o cesión, en cualquiera de las provincias para establecer fortalezas, arsenales, almacenes, y otros establecimientos de utilidad nacional.

Una primera corriente extensiva o exclusivista de la jurisdicción nacional, entendía que en los establecimientos de utilidad nacional la competencia de la Nación excluía a las provincias y los municipios cualquiera fuera la finalidad del establecimiento en la práctica, significo equiparar dominio con jurisdicción y lo que es pero una federalización coactiva de territorios provinciales. La sola existencia de propiedad nacional dejaba automáticamente fuera de la competencia provincial y municipal.

           

Artículo 75.- Corresponde al Congreso:

30. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines.

Fallo Plaza de Toros (CJSN)

(Corte Sup., , 13/04/1869 - Plaza de toros).

Buenos Aires, enero 29 de 1869.

El Sr. Eduardo Bonorino en representación de una empresa denominada Plaza de Toros se presentó al Juzgado Nacional de Buenos Aires, diciendo que había ocurrido al gobierno de la provincia pidiendo permiso para establecer la mencionada plaza, pero que el gobierno, fundado tal vez en la ley de 8/1856 que prohibió el ejercicio de su industria, se había negado a su solicitud, ordenándole ocurrir donde corresponda.

Que tratándose de una ley provincial contraria a las disposiciones de la Constitución Nacional, que en su art. 14 Ver Texto acuerda a todos los habitantes el derecho de ejercer libremente su industria, a los tribunales federales correspondía restablecer la justicia conculcada, y resolver que no estaba obligado a abstenerse de ejercer ese género de trabajo.

Que el art. 100 Ver Texto de la misma Constitución confiere a los tribunales federales el juzgamiento de todas las causas regidas por ella, dando a este tercer poder el especial encargo de velar por la observancia de la Constitución.

Pidió que, declarándose inconstitucional la ley referida, el juzgado resolviera que no estaba obligado a abstenerse de plantear la plaza de toros.

Buenos Aires, enero 29 de 1869.

Ocurra donde corresponda. Ugarriza.

Bonorino pidió revocatoria de este auto o apelación en subsidio.

Dijo que por los documentos que había acompañado a su escrito se veía que había ocurrido antes al gobierno provincial y éste se había declarado incompetente, fundado en una ley que tenía el deber de acatar.

Que el mismo caso se encontraba cualquiera otra autoridad de la provincia, y en cuanto a la Asamblea Legislativa, no podía pretenderse que ocurriese a ella, pidiéndole que derógase una de sus leyes anteriores, puesto que las leyes debían suponerse estables, y no era razonable que los mismos legisladores las privaran de fuerza por revisaciones posteriores hechas a solicitud de particulares.

Que por consiguiente el decreto que lo manda ocurrir ante autoridades que no quieren o no pueden resolver la demanda, le cierra las puertas por completo y lo inhabilita para llegar al libre uso de su derecho.

Que por otra parte, él había ocurrido al juzgado esperando obtener el beneficio que el sistema federativo dispensa a los habitantes de la Nación, amparándolos contra los golpes de la impremeditación o de la arbitrariedad, y que el juzgado, sin fundar su auto, lo enviaba ante no sabe quién, puesto que las autoridades soberanas de la provincia, ya le habían negado lo que pretendía; de manera que el caso quedaba sin resolverse por falta de un juez que le dijese si tiene o no derecho.

Concedida la apelación, se dictó lo siguiente:

Buenos Aires, abril 13 de 1869.

Considerando: Que es un hecho y también un principio de derecho constitucional, que la policía de las provincias está a cargo de sus gobiernos locales, entendiéndose incluido en los poderes que se han reservado, el de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos, y que, por consiguiente, pueden lícitamente dictar leyes y reglamentos con estos fines, no habiéndose garantido por el art. 14CN. a los habitantes de la República el derecho absoluto de ejercer su industria o profesión, sino con sujeción a las leyes que reglamentan su ejercicio; que siendo esto así, la justicia nacional sería incompetente para obligar a una provincia, que ha prohibido las corridas de toros, a soportar la construcción de una plaza para dar al pueblo ese espectáculo, aun cuando pudiera ella calificarse de establecimiento industrial, como se pretende, y el ejercicio de esa industria, no ofendiera el decoro, la cultura y la moralidad de las costumbres públicas; por estos fundamentos, se confirma, con costas, el auto apelado de fs. 12.- Francisco de las Carreras.- Salvador M. del Carril.- Francisco Delgado.- José Barros Pazos.- Benito Carrasco.

Vea el fallo  Cine Callao

Debido a la falta de suficientes salas de teatro, los artistas del espectáculo sufrieron una grave crisis ocupacional. Circunstancia por la cual, el Poder Legislativo dictó la Ley Nº 14.226, la cual declara obligatoria la inclusión de espectáculo de variedades en los programas de las salas cinematográficas de todo el territorio de la Nación. La norma anteriormente mencionada prohibió cobrar al público una suma extra por los números ofrecidos, por lo que las empresas cinematográficas debían soportar los gastos adicionales. Esto último fue posteriormente modificado por la Resolución Nº 1.446/57 que autorizó a cobrar por separado los ‘actos en vivo’.

La S.A. propietaria del Cine Callao se rehusó a cumplir la norma citada, por lo cual, la Dirección Nacional de Servicio de Empleo la intimó para que iniciase la presentación de los ‘números en vivo’.

A pesar de la intimación, la S.A continuó incumpliendo la norma, motivo por el cual la D.N.S.E. inició un sumario administrativo. En dicho acto administrativo se le impuso a la sociedad una multa y se la obligó a cumplir con la ley 14.226 bajo apercibimiento de clausura.

Contra esta sentencia, la interesada interpuso recurso extraordinario impugnando la constitucionalidad de la ley 14.226 por contrariar la garantía de propiedad y el derecho de ejercer libremente el comercio e industria, ambos consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional.

La Corte Suprema confirmó la sentencia recurrida, en primer lugar, dejó de lado la concepción limitada de poder de policía y adoptó una tesis amplia, según la cual los derechos individuales pueden ser restringidos no sólo por razones de moralidad, seguridad y salubridad pública, sino también con el objetivo de atender los intereses económicos de la comunidad Art. 67 inc. 16 de la Constitución Nacional.

Esta concepción de poder de policía incluye la facultad de dictar leyes como la 14.226 con la finalidad de evitar los daños económicos y sociales que genera la desocupación.

“El Poder Judicial no está facultado para pronunciarse sobre el mérito o eficacia de los medios elegidos por el legislador para alcanzar los fines propuestos. A los jueces sólo les compete verificar que los derechos afectados no sean desnaturalizados por la norma reglamentaria y que ésta guarde cierta proporcionalidad con los fines a alcanzar”.

La Corte Suprema verifica en el caso el cumplimiento de los mencionados requisitos y consagra la constitucionalidad de la norma en base a los siguientes fundamentos, la emergencia ocupacional de los artistas compromete el patrimonio artístico nacional, y la ley 14.226 lejos de beneficiar a un grupo en perjuicio de otro, tiende a satisfacer el interés público. Por la afinidad que existe entre las actividades teatrales y cinematográficas, el sector que debe soportar la carga no ha sido arbitrariamente elegido. La resolución 1.446/57 estableció que los gastos ocasionados por la presentación de los números adicionales se trasladen a los espectadores. El empresario puede elegir libremente al artista y la vinculación se realizará a través de un contrato de locación de obra que no establezca relación de dependencia entre las partes. La presentación de espectáculos en vivo se realiza en el intervalo que precede a las exhibiciones cinematográficas, por lo tanto, pueden explotarse en las horas y condiciones habituales. Por todo esto la norma no lesiona los derechos de propiedad, ni los de comerciar y ejercer la industria lícita

Disidencia Dres. Bofia y Boggero

Declaran la inconstitucionalidad de la norma por ser violatoria de la libertad de comercio y del derecho de propiedad, arts.14 y 17 de la Constitución Nacional.

Si bien estos derechos pueden ser reglamentados, Art. 14 de la Constitucional Nacional, en el caso se los desnaturaliza ya que se impone a los empresarios cinematográficos la obligación de contratar y realizar una determinada actividad comercial ajena a su rubro.

El grupo sobre el que recae la restricción es ajeno a la situación de emergencia, por esto los medios elegidos no guardan relación con los fines perseguidos.

El estado contaba con los medios para superar la crisis ocupacional.

La Corte Suprema toma postura hacia la tesis amplia respecto del poder de policía. Los derechos individuales podrán ser restringidos no sólo por motivos de seguridad, salubridad y moralidad sino también para salvaguardar los intereses económicos de toda la comunidad.

SERVICIOS PUBLICOS:

            Es la actividad que realiza el estado (en sus tres estamentos) donde desarrolla de forma directa o indirectamente, mediante una organización empresarial de recursos materiales y personas destinadas a satisfacer la necesidad del interés general y de índole local, en forma continua, regular, uniforme y generalizada.

            Una concepción orgánica lo define no como una actividad sino a una organización, es decir el aparato administrativo destinado a la prestación de servicios y el organismo que lo dirige (escuela francesa), actividad desarrollada por la administración pública, directamente por si o indirectamente mediante la actividad de concesiones.  Se critica esta doctrina por su exagerada amplitud, ya que no todo puede considerarse servicios públicos.

            Una concepción funcional se basa en la actividad que desarrolla la administración y no en los órganos que los componen. El elemento esencial es la actividad y no la organización o la empresa que la realiza.

Elemento de los Servicios Públicos.

1)Continuidad: Es un carácter esencial del S.P., no puede interrumpirse, ni paralizarse ya que es beneficio a toda la comunidad, lo cuándo contribuye a una eficiencia y sea oportuna, como la prodición de huelga de los SP o por lo menos su reglamentación de manera que los usuarios no sufran no sufran mayores perjuicios. También son inembargables de los bienes como forma de evitar que por cuestiones económicas o políticas pongan en peligro la prestación del servicio. Se habla de continuidad absoluta cuando no se admite interrupción, (gas, guardias de hospitales) y las relativas pueden prestarse en forma intermitente (transporte público, alumbrado)

2) Regularidad: Se presta correctamente y conforme la reglamentación en vigencia.

3) Uniformidad o Igualdad: Principio constitucional de igualdad ante la ley, igualdad de condiciones, lo que no obsta a la creación de diferentes categorías de usuarios., conservando la estricta igualdad de todos los que se encuentran en igual condición o categoría.

4) Generalidad: Es para todos y no para determinadas personas, se constituye en una obligación de la administración que debe cumplirse sin distinguirse entre las personas y sin poder negarse a quien lo solicita.

Otros elementos: obligatoriedad, permanencia y continuidad.

Clasificación de los servicios públicos:

a)     Propios: Son aquellos prestados por la administración estatal (cualquiera de sus tres estamentos) de forma directa, o sea per sé. o mediante la creación de una organización diferenciada, como lo sería una entidad autárquica, una empresa provincial o municipal, cooperativa con vecinos o indirectamente, mediante concesiones o contratistas.  (ejemplo recolección de residuos) La concesión de servicio públicos requiere inexcusablemente la licitación pública y abierta.

b)     Impropios o virtuales:  Son prestados por particulares, requieren ser controlados y regulados por el Estado, prestan sus servicios en forma continua, regular, uniforme y general, aunque su ejecución es enteramente privada. Las violaciones a las reglamentaciones pueden ser sancionadas con multas y revocación de habilitación o permiso. (excepción fundada en la legislación) ejemplos; taxímetros, remixes, automóviles en alquiler.

c)     Divisible o uti singuli:  Se presta a favor de un usuario determinado y se puede determinar con exactitud quien recibe el servicio, cuando lo recibe, cuanto recibe y qué calidad de servicio recibe. Hay una adecuada relación entre el costo del servicio y el precio que se cobra al usuario. Son financiados normalmente mediante la tasa (Servicio de cementerio, laboratorio, licencias, licencias sanitarias)

d)     Indivisible o uti universi: No existe un beneficiario individual, sino que toda la comunidad lo recibe la prestación en forma general y sin poder determinarse quién recibe, cuando, cuánto, ni de qué calidad recibe.  (ABL, limpieza, conservación de la vía pública, guardias hospitalarias, riego de calles) El impuesto es el tipo tributario para financiar el costo de la administración general.

RÉGIMEN JURIDICO DE LOS SERVICOS PUBLIUCOS

1)     Creación:  Solo hace referencia a los servicios públicos propios, ya que los impropios son de gestión privada La creación depende del órgano embestido de características legislativas., debe establecer la necesidad u oportunidad de su prestación, proveer los fondos para su ejecución,

2)     Organización: el órgano legislativo es quien conforma la organización de la prestación sea directamente o mediante contratación con terceros, sin perjuicio de la intervención del órgano legislativo. En el caso de requerirse otorga una concesión del servicio público.

3)     Modificaciones: Puede modificarse en tanto en su funcionamiento cuanto su estructura, lo cual se relaciona con la facultad de organización.

4)     Supresión: Consiste disponer que en lo sucesivo la respectiva necesidad o interés general, no será atendida por el podrecimiento de servicio público, corresponde al órgano legislativo, que es la autoridad con competencia para la creación.

5)     Aplicación del Derecho Público: Es de derecho público, el concesionario se encuentra subordinado a la administración del órgano competente, lo cual puede disponer modificaciones e inclusive retomar la prestación directa del servicio, sin prejuicio de los derechos de indemnización. Los pertenecientes al dominio público son inembargable e inalienables y además están fuera de comercio, los bienes privados, también inejecutables en la defensa de la continuidad del servicio público (los impropios si son ejecutable) La competencia Es la justicia en lo contencioso administrativo y las relaciones entre el usuario y la prestadora en el fuero ordinario.

MODO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS:

1)     Gestión Directa: a) Gestión indiferenciada sin órgano especial:  la prestación es directa, efectuada mediante personal perteneciente a la planta del órgano estatal mediante bienes integrantes del mismo conforme a las reglamentaciones dictadas por el órgano.  B) Mediante un establecimiento o empresa propia sin personalidad:  crea un órgano especial, mediante ley u ordenanza específica sin personería propia, los gastos se incluyen en el presupuesto del órgano competente C) Servicios publico personificado o entidad antártica: el órgano competente crea una entidad con personalidad propia y diferenciada y posee su propio patrimonio y presupuesto. D)Sociedad del derecho privado: la adopción de una forma societaria que tiene su propia propiedad.

2)     Gestión Indirecta: A) Concesión de Servicios Públicos: la administración manteniendo la titularidad del servicio encomienda su gestión temporalmente a un tercero que asume el riego económico de la ejecución. B) Contratación de terceros: la administración desea y no puede ejecutar directamente la gestión de algún servicio y contrata con un particular, contra el pago de una suma en concepto de canon o mensualidad (locación de servicio) C) Arrendamiento: el empresario se hace cargo (el arriendo) de un servicio ya organizado, que cuenta con elementos y útiles para realizarlo. El concesionario sustituye al Estado en la organización del servicio y el cobro de las tasas y precios a los consumidores. No implica trasferencia de prerrogativas públicas a favor de la empresa privada.

3)     Gestión Mixta: A) Sociedad de Economía Mixta: La organización está a cargo del Estado, mientras que la participación privada se emplea en capitalizar la mejora del servicio y agilizar su gestión. El estado es un accionista con la representación proporcional a su representación.  B) Cooperativas: Entidades sin fines de lucro, se orienta a obtener beneficios para la comunidad o para sus integrantes que serán distribuidos en atención al carácter de asociados de sus miembros. La legislación puede prever la constitución de cooperativas con capital del estado y de los usuarios de un servicio, como servicios sanitarios. Corresponde al Estado autorizar su constitución, las utilidades serán reinvertidas a los fines de acrecentar el capital accionario dentro de la cooperativa. C)Gestión Interesada: una asociación entre un particular y el Estado, no da un nacimiento a una entidad con personería jurídica. Ambos integrantes participan de la gestión y organización del servicio. D)Autogestión:  el Estado promueve la participación de la propia población que se organiza de manera cooperativa y mediante la provisión de elementos y materiales otorgados por el estado, la propia población aporta la mano de obra necesaria y presta el servicio público (recolección de residuos)

PODER TRIBUTARIO MUNICIPAL

Es la autoridad que tiene el Estado para exigir contribuciones coactivas a los particulares que se hallan bajo su jurisdicción (Facultad inherente del Estado de exigir tributos dentro de los limites establecidos, es la expresión plena del imperium esto es capacidad o fuerza propedéutica al logro del bien común, causa final del Estado) esta potestad forma parte del imperium propio del Estado. Su fundamento se encuentra en la necesidad de asegurar al Estado los recursos necesarios para financiar sus actividades.

Teorías: a) negatoria; b) afirmativa; c) tercera postura

A)    Negatoria: Menciona que no es una facultad ordinaria, sino es una facultad derivada de los poderes provinciales. (Bielsa, Greca, Basalvilbaso, Jarach) le atribuyen un carácter de delegaciones administrativas de los poderes provinciales, creadas por el legislador por razones de eficacias y carentes por lo tanto de atribuciones propias. Es delegada por las provincias las municipalidades. Y puede reducido y ampliado conforme decisión política de la provincia.

B)    Afirmativa: tenemos dos corrientes. La primera, es que este Poder Tributario de las comunas es originario en cuanto su existencia, pero derivado en cuanto su extensión.  O sea, delgado por las provincias, no puede negarse la facultad de imposición, de otro modo no se podría asegurar el cumplimiento de los elevados fines sociales que poseen. Postura sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el caso Ragor S. A. c/ Municipalidad de Quilmes de 1-12-1970. La segunda corriente, mencuiona que es una facukltad natural inherente a todo régimen político, y su extensión está relacionada al cumplimiento de los fines naturales inalienables de los municipios., por lo cual no es delegado por la provincia, ya que la Constitución Nacional y provincial le atribuye a crea ese régimen y al definir sus funciones. Defensor de esta tesitura el Dr Bidart Campos. Connatural al Estado en cualquier de sus manifestaciones y este atributo no se encuentra sometido a la delegación o delimitación por las provincias. Es una concepción autonomista. Como al municipio como ente natural.  Telefónica de Argentina c/ Municipalidad de Chascomús, reafirma, la facultad impositiva como propia del municipio.

C)    Tercera posición: La polémica es irrelevante y lo único que importa es resolver en cada caso concreto la mejor distribución de competencia entre los diferentes niveles estatales   Horacio Rossati resalta que hay que enfatizar en cuestiones concretas y en especial como efectuar el deslinde de impositivo entre la provincia y el municipio y como garantizar que la sumatoria de impuestos de nivel provincial y municipal.

Análisis de la Cuestión:  La tesis afirmativa del Poder Tributario Originario de los municipios, es sostenida por los defensores del carácter autónomo del municipio concebido como entidad natural.

CONSTITUCION NACIONAL

Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

Artículo 75.- Corresponde al Congreso:  inciso 30. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines.

Artículo 123.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

CONSTITUCION PROVINCIAL

ARTÍCULO 192.- Son atribuciones inherentes al régimen municipal, las siguientes:

Votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo; administrar los bienes raíces municipales, con facultad de enajenar tanto éstos como los diversos ramos de las rentas del año corriente; examinar y resolver sobre cuentas del año vencido, remitiéndolas enseguida al Tribunal de Cuentas.

Vencido el ejercicio administrativo sin que el Concejo Deliberante sancione el presupuesto de gastos, el intendente deberá regirse por el sancionado para el año anterior. Las ordenanzas impositivas mantendrán su vigencia hasta que sean modificadas o derogadas por otras. El presupuesto será proyectado por el departamento ejecutivo y el deliberativo no está facultado para aumentar su monto total. Si aquél no lo remitiera antes del 31 de octubre, el Concejo Deliberante podrá proyectarlo y sancionarlo, pero su monto no podrá exceder del total de la recaudación habida en el año inmediato anterior. En caso de veto total o parcial, si el Concejo Deliberante insistiera por dos tercios de votos, el intendente estará obligado a promulgarlo.

Toda ordenanza especial que autorice gastos no previstos en el presupuesto, deberá establecer los recursos con que han de ser cubiertos.

 Dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas atribuciones.

Recaudar, distribuir y oblar en la Tesorería del Estado las contribuciones que la Legislatura imponga al distrito para las necesidades generales, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo nombre funcionarios especiales para este objeto, si lo cree más conveniente.

Constituir consorcios de municipalidades y cooperativas de vecinos a los fines de la creación de super usinas generadoras de energía eléctrica.

LOS RECURSOS MUNICPALES EN PARTICULAR: A) Impuestos; b) Tasas; c) Contribuciones de mejorar.

a)     Impuestos:  Son prestaciones patrimoniales, debidas al Estado y no vinculada a ninguna prestación en particular, destinada al sostenimiento de necesidad colectiva, no está vinculado a un servicio determinado, son apropiados para el finamiento de los llamados servicios públicos indivisibles. Aquellos que no se puede saber con exactitud quién y cómo lo recibe. Es un recurso ordinario y periódico.  La llamada Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza es en realidad un impuesto encubierto y esta denominación se debe al empleo de antaño de corrientes jurisprudenciales, que le denegaban al municipio crear tributos.

b)     Tasas: Consiste en una suma de dinero que percibe el Estado como retribución por la prestación de un determinado servicio públicos divisibles, que son aquellos que pueden determinarse con exactitud quién lo recibe y qué calidad recibe, ejemplo Servicio de laboratorio, transporte público, cementerios. Son percepción periódica o eventual, y configura un recurso originario.

c)     Contribuciones de mejoras: Se trata de un tributo debido al Estado en virtud de un aumento del valor que, a causa de la construcción de una obra pública presume que se experimentan las propiedades privadas cercanas a dicha obra. Se trata de una obligación de carácter único, se abona una sola vez, aunque puede ser pagadas en cuotas periódicas. En realidad, es una obligación real o propter rem, toda vez que la deuda es reclamada siempre al propietario actual del bien y éste dispone siempre del derecho de abandono. El monto de la Contribución debe guardar adecuada relación con el valor de los trabajos o en su defecto con el mayor valor experimentado por los inmuebles, hablamos entonces del sistema de prorrateo de costos o del beneficio individual.

INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. 

Números regímenes municipales contiene disposiciones que establecen la inembargabilidad de los recursos municipales, estableciendo verdaderas excepciones al principio general de la ley civil, por el cual el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Su naturaleza jurídica reside en asegurar la existencia y liquidez de los municipios, dado su carácter de persona jurídica de derecho público de existencia necesaria y destinada   a prestar servicios esenciales a la comunidad.

TEORIAS: A) Inconstitucionalidad de las disposiciones locales o de la embargabilidad; B) Tesis de la Inembargabilidad; C) Tesis Intermedia.

A)    Inconstitucionalidad de las disposiciones locales o de la embargabilidad: Las normas generales de la ley civil por su rango de legislación nacional, deben prevalecer sobre toda norma restrictiva de naturaleza provincial, siendo en consecuencia éstas inconstitucional por aplicación del art 31 de la CN. Hay una clara distinción entre las facultades tributarias que son de derecho público, con carácter de persona jurídica. Una vez percibido el tributo este ingresa al patrimonio del municipio y se desvincula de su origen público. La tesis se refuerza en el carácter fungible del dinero ingresado a las rentas públicas.

B)    Tesis de la Inembargabilidad: Reza Bielsa, que las disposiciones provinciales sobre la inembargabilidad de las rentas municipales se ajustan a la esencia y al objeto de los municipios a garantizar los servicios públicos. La Constitución Nacional ha determinado la existencia necesaria de los municipios y la leyes provinciales pueden establecer excepciones al principio de la embargabilidad de los bienes del patrimonio del deudor en garantía de los acreedores, precisamente para garantizar la solvencia de las instituciones municipales.

C)    Tesis Intermedia: No es posible determinar en forma abstracta la procedencia o no de las normas provinciales, que establecen la inembargabilidad de las rentas municipales, sino que la cuestión debe ser resuelta en cada caso de acuerdo a las circunstancias especiales.

OPINION:   La inembargabilidad absoluta de los recursos municipales, como se encuentra regulada por ejemplo en el art 229 de la L.O.M de la Prov de Bs. As., resulta violatoria de los preceptos constitucionales de igualdad ante la ley, y constituyen un privilegio inaceptable que podría convertir al municipio en una entidad irresponsable frente a sus obligaciones legales, la embargabilidad no puede ser ejercida en forma absoluta, sin atender a la necesidad de garantizar la solvencia del municipio, y la efectiva satisfacción de los servicios públicos esenciales. A razón: El principio general es que no puede sustraerse absolutamente de la garantía de los acreedores los fondos del municipio, pero este puede demostrar, en cada caso, la absoluta necesidad de limitar la ejecución , lo que permitirá a los jueces determinar, en cada oportunidad, el porcentaje o monto en que prospera la medida o eventualmente otorgar un plazo como lo hacen algunas legislaciones, para que el municipio presupueste los fondos necesarios para atender sus deudas y vencido el plazo sino lo hiciera, proceder a la ejecución.

La relación de Empleo Público Municipal:

            El Ejercicio de las funciones propias del municipio requiere que las autoridades políticas cuenten con la colaboración especial del personal del municipio, que es la que es la que realiza las tareas materiales destinadas a llevar los cometidos de la administración. Este personal se encuentra vinculado al municipio mediante la relación de empleo público o función pública.

            El funcionario publico se lo define como “Todo aquel que presta una actividad remunerada en organismo del Estado, en virtud del nombramiento emanado de autoridad competente, quienes se encuentra vinculado con la administración mediante una relación de derecho público en forma más o menos permanente.

            En la doctrina española tenemos cuatro notas que señala las características del funcionario o empleado público.

A) Incorporación: excluye a quienes presten un servicio ocasional a la administración.

B) Profesionalidad: excluye a quienes desempeñan un cargo de naturaleza jurídica

c) Retribución: Determina que el funcionario público haga de su profesión un medio de vida, al menos preferentemente.

D) Sometimiento al Derecho Administrativo: se encuentran ligados con la administración por una relación laboral.

Pueden tener una relación de tipo permanente o temporal, en caso planta temporaria o transitoria, el personal sin estabilidad o contratados (art. 95 de la Ordenanza 207) Se distinguen entre funcionario eventuales, como los integrantes del gabinete de asesores del intendente y funcionarios interinos que son los que desempeñan una función de planta que debiera ser cubierta por un funcionario seleccionado mediante concursos o procedimiento similar y cuya vacante es cubierta transitoriamente por alguien que no haya  sido elegido. Lo relevante es la incorporación mediante un acto administrativo dictado por el municipio en ejercicio de sus atribuciones propias de organizar su propia gestión administrativa.

Líneas Teóricas Fundamentales: a) Contractualistas; b) Estatutarias

a)     Contractualistas: una similitud entre la relación de empleo público y las formas contractuales civiles del mandato o de locación de servicios. Pero la misma es inaceptable porque el régimen jurídico aplicable no es fruto de la convención de las partes sino de un acto de gestión o de autoridad del municipio, y por ello unilateral, impuesto al agente público sin que este puede sustraerse al mismo.

b)     Estatutarias: El funcionario tendrá ante la administración, , los derechos y deberes que se derivan de las leyes y reglamentos que regulan su régimen jurídico (estatuto) que subsisten mientras no se modifiquen el régimen jurídico, lo cual no pueden oponerse los funcionarios, ya que la misma es carácter general, no admitiéndose excepci0ones personales en virtud del principio de la  inderogabilidad particular de los reglamentos generales, si la administración desconoce los derechos del funcionario el mismo puede ir a la justicia Los funcionarios están sometidos a un régimen jurídico cuya existencia es anterior al momento de su ingreso, y ha suido creado unilateralmente por la administración, puede modificarlo en cualquier instante para s la satisfacción del interés general, (es competencia de la SCBA en materia contencioso  administrativa las demandas que procurando la reincorporación al cargo o indemnizaciones por afectación de la estabilidad gremial son promovidos por aquellos, que, estando ligados por una relación de empleo público, invocan un amparo de dicha garantía, quedando comprendido en tal competencia del   en art 149 inc 2 de la Consti de Bs As  de 1984 1 y 28 del código contencioso administrativo. ) se trata naturalm,ente de una relación de derecho público  y por consecuencia la competencia judicial es la contencioso administrativa y no la ordinaria , ya que esta relación del empleado con el municipio se basa en un Estatuto, donde reúne los derechos y obligaciones de las partes, su régimen disciplinario, escalafón, licencias, sistema de ingresos, calificación, incompatibilidades, inhabilidades, es un atribución propia legislativa del municipio, conforme a la autonomía administrativa. Estatuto ley 11757 derogada por la ley 14656.

Naturaleza Jurídica de la Designación

            La designación es la forma de incorporación del agente o funcionario público a la administración. Es un acto administrativo unilateral, perfecto y válido, y se efectúa por nombramiento que puede ser discrecional cuando existe libertad completa en la designación de un secretario del Departamento Ejecutivo, que no requiere ni un carácter de procedimiento de selección o puede ser condicionado, cuando la designación debe cumplir con determinadas formalidades como el concurso, el acurdo del Concejo Deliberante o las elecciones entre los integrantes de una terna, y reservado , cuando debe hacerse entre determinadas personas que han prestado algún servicio anterior. También existe la elección, procedimiento por el cual un órgano colegiado, dispone de atribuciones más o menos extensas para designar a un funcionario, dando cumplimiento a las normas especiales aplicables. El sorteo es una forma de definir el nombramiento entre varios elegidos por el cuerpo colegiado. La contratación es una forma apropiada para designar el personal transitoria que por dicha condición no requiere la formalidad de un concurso.

Derechos:  a) Estabilidad b) carrera c) Descanso d) Asociación e) Retribución f) Jubilación g) Compensaciones h) subsidios i) indemnizaciones j) asistencia sanitaria k) renuncia l) reincorporación m) vestimenta y elementos de trabajo n) menciones ñ) retiro anticipado o) defensa en caso de sumario.

Deberes:  a) Prestación de Servicio b) lealtad c) obediencia d) dedicación e) dignidad f) no realizar actos prohibidos.