SISTEMA ELECTORAL A NIVEL NACIÓN Y PROVINCIA

Argentina - Sistema político electoral

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA

Tiene una forma de gobierno representativa republicana federal. Está estructurado en provincias (23 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires), que a su vez se dividen en departamentos (378) y, en caso de Buenos Aires, partidos (134). Estos últimos son administrados por los municipios, comunas y demás entes locales. "Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero" (Constitución de la Nación. Segunda Parte. Autoridades de la Nación. Título II. Art.123 Segunda Parte).

PARLAMENTO NACIONAL

El Congreso de la Nación es bicameral. La Camara de Diputados con 257 miembros directamente elegidos, quienes son nombrados por 4 años, aunque la mitad de sus miembros son elegidos cada 2 años. El senado está formado por 72 miembros directamente elegidos, quienes son nombrados por 6 años, pero se va renovado por terceras partes cada dos años.

GOBIERNO MUNICIPAL

Los municipios están formados por un Departamento Ejecutivo, presidido por un Intendente Municipal, y un Concejo Deliberante compuesto por Concejales. Hay un total de 2278 municipios o entes locales (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

DURACIÓN DE MANDATOS

El Intendente Municipal y los Concejales son elegidos por sufragio para un mandato de 4 años. Congreso de la Nación: Cámara de diputados: 4 años. Senado: 6 años, pero se va renovando por terceras partes cada dos años.

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN

Representación proporcional. Congreso de la Nación. Cámara de diputados: Proporcional: sistema de listas de partidos, con una distribución proporcional de escaños según el método d'Hondt. Para la adjudicación de un asiento, un partido debe obtener 3 por ciento de los votos emitidos en una circunscripción como mínimo. Las vacantes que surjan en las elecciones generales son ocupadas por sustitutos elegidos al mismo tiempo que los miembros titulares.El voto es obligatorio entre los 18 y 70 años de edad, con algunas excepciones. Elegidos en listas cerradas a traves del sistema de representación proporcional. Se nombran proporcionalmente de acuerdo al criterio de densidad establecido en la Constitución Nacional y son suceptibles de reelección indefinida. Senado: Mayoría: voto de la mayoría en la primera ronda, usando las listas de partidos. La lista que obtenga el mayor porcentaje de votos en cada circunscripción se otorgará dos plazas, mientras que la lista con el segundo porcentaje más alto de votos se llevará el asiento restante.Las vacantes que surjan entre las elecciones generales son ocupados por sustitutos elegidos al mismo tiempo que los miembros titulares. El voto es obligatorio entre los 18 y 70 años de edad, con algunas excepciones. Elegidos en listas cerradas a través del sistema de representación proporcional. Son elegidos tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires. Son suceptibles de relección indefinida.

TIPO DE LISTAS

Cerrada, desbloqueada y mixta en el ámbito municipal. Congreso de la Nación. Cámara de diputados:Elegidos en listas cerradas a traves del sistema de representación proporcional. Se nombran proporcionalmente de acuerdo al criterio de densidad establecido en la Constitución Nacional y son suceptibles de reelección indefinida. Senado: Elegidos en listas cerradas a través del sistema de representación proporcional. Son elegidos tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires. Son suceptibles de relección indefinida.

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

Uninominal para alcaldes y plurinominal para concejales. Congreso de la Nación: Cámara de diputados: 24 distritos plurinominales. Senado: 24 distritos electorales plurinominal (3 plazas cada uno), correspondientes a 23 provincias del país y la Capital Federal (Buenos Aires).

LEY DE CUOTAS Y PARIDAD

"Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo de 30% de los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla con estos requisitos." Ley Nacional de Cupo 24.012. 1991 Modificatoria Art.60 del Código Nacional Electoral. A nivel municipal existen algunos municipios que han incorporado a través de ordenanza municipal modificaciones al Régimen Electoral Municipal.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE NORMAN EL MUNICIPIO

El Régimen municipal argentino se caracteriza por su diversidad, siendo la Constitución de la Nación la que ocupa la máxima jerarquía legislativa, por lo cual las cartas municipales deben respetarla. Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero" (Constitución de la Nación. Segunda Parte. Autoridades de la Nación. Título II. Art.123 Segunda Parte). Las municipalidades dictan sus leyes orgánicas municipales.

JUSTICIA ELECTORAL

La Cámara Nacional Electoral, (CNE) es parte de la justicia electoral nacional y está compuesta por 24 cortes federales de 1era instancia con competencia en cada uno de los distritos electorales del país. (23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires). Ver en línea: Código Electoral

Sistema D´Hont

 

Es el método que se aplica en Argentina para la distribución de cargos legislativos, en todos los niveles: Diputados Nacionales, Legislaturas Provinciales y Concejos Deliberantes. Apunta a asegurar, en la mayor medida posible, la representación parlamentaria de los partidos con menor caudal electoral frente a las grandes mayorías.

El sistema de distribución proporcional de cargos en una cámara legislativa de acuerdo con un resultado electoral determinado se realiza en la Argentina mediante el sistema de “lista abierta o incompleta” denominado D'Hont. Nombre que remite al jurista y matemático belga Víctor D'Hont, fallecido en 1901.

Se trata de un método para asegurar en la mayor medida posible la representación parlamentaria de los partidos con menor caudal electoral frente a las grandes mayorías.
Si bien en la actualidad los sistemas computarizados calculan automáticamente los cargos asignados a medida que se va conociendo el resultado electoral, es posible realizar un cálculo manual para determinar cómo se distribuyen las bancas.

Tanto las constituciones nacionales y provinciales como las leyes electorales determinan su aplicación en la Cámara de Diputados de la Nación, legislaturas provinciales y concejos deliberantes.

El cálculo

Para conocer los resultados y su aplicación en la distribución de bancas se deben tomar por separado las cifras de votos obtenidos por cada partido. Cada una de estas cantidades se divide sucesivamente por los numerales de los cargos a repartir (p.ej. Total de votos 250.000; cantidad de cargos a repartir 5, se divide 250.000 % 1= 250.000; 250.000 % 2=125.000; 250.000 % 3 = 83.333; 250.000 % 4= 62.500 y 250.000 % 5= 50.000).

De acuerdo con los votos obtenidos por cada partido estos cocientes, por supuesto, serán diferentes y una vez obtenidas las cifras resultantes se ordenan de mayor a menor.
Y precisamente ese orden decreciente es el determina una banca a cada resultado, hasta agotar el número de cargos a distribuir.

Se podrá observar que algún partido tendrá en ese orden más de un cociente, eso significa que ha obtenido más cargos sobre otros que lograron menos.

Gráfico Partido A Partido B Partido C

votos 250.000 200.000 150.000

numeral 1 250.000 200.000 150.000

numeral 2 125.000 100.000 75.000

numeral 3 83.333 66.666 50.000

numeral 4 62.500 50.000 37.500

numeral 5 50.000 25.000 30.000

En consecuencia los 5 cargos a repartir se ordenarían así:
 

1. 250.000 votos (partido A)
2. 200.000 votos (partido B)
3. 150.000 votos (partido C)
4. 125.000 votos (partido A)
5. 100.000 votos (partido B)
 

Esto significa que el partido A ganó 2 cargos; el partido B ganó 2 cargos y el partido C 1 cargo.
Este reparto por supuesto varía de acuerdo a los porcentajes obtenidos por cada partido, que influirán en los cocientes. Si hay diferencias más grandes o las cifras son más parejas la distribución de bancas tendrá otras proporciones.

LEY DE HABEAS DATAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES

LEY 14214

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º: Objeto. La presente Ley tiene por objeto la reglamentación del proceso constitucional de hábeas data, de conformidad a lo establecido en el artículo 20º inciso 3) de la Constitución.

ARTÍCULO 2º: Legitimación activa. Estará legitimada para interponer esta acción toda persona física o jurídica afectada. Asimismo están legitimados los herederos universales forzosos de la persona de la cual consten los datos, cuando la indagación tenga el propósito de defender el honor familiar.

En el caso de afectaciones colectivas la demanda podrá iniciarla el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y/o las asociaciones o grupos colectivos que acrediten legitimación suficiente en la representación de esas afectaciones.

ARTÍCULO 3º: Legitimación pasiva. La acción procederá respecto de los titulares y/o responsables y usuarios de bancos de datos públicos, y de los privados destinados a proveer informes, administradores y responsables de sistemas informáticos.

ARTÍCULO 4º: Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción le corresponderá al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juez de Paz Letrado, donde existiere, cuando se trate de archivos privados destinados a dar informes; y al Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo cuando se trate de archivos públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Será competente para entender en la acción constitucional de hábeas data el juez del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor.

TÍTULO II

DEL PROCESO

ARTÍCULO 5º: Intimación Previa. Para el ejercicio de la acción de hábeas data, el peticionante deberá notificar fehacientemente su pretensión al titular del banco de datos o registro. Solo ante la negativa o silencio de éste quedará expedita la acción judicial.

Para el caso que deba tomar vista de los registros, archivos o banco de datos, que se le deben exhibir, el requirente podrá ser asistido por asesores técnicos o jurídicos.

En todos los casos el interesado podrá requerir que a su costa se le expida copia certificada de la misma.

No será exigible el reclamo administrativo previo, o la intimación fehaciente previa, cuando el pasaje por esta vía produzca un perjuicio de imposible reparación ulterior.

ARTÍCULO 6º: Contestación. Se entenderá que existe silencio del titular requerido si la requisitoria no es contestada en cinco (5) días hábiles, si se tratare de personas privadas, y de quince (15) días hábiles si se tratare de personas jurídicas de carácter público.

ARTÍCULO 7º: Plazo para la interposición de la demanda. La demanda de hábeas data deberá ser interpuesta dentro de los sesenta (60) días hábiles judiciales de haber sido notificada la negativa. En caso contrario, operará la caducidad del procedimiento y deberá procederse nuevamente como estipula el artículo 5°.

ARTÍCULO 8º: Aplicación supletoria. El proceso de hábeas data tramitará según las disposiciones de la presente Ley y, supletoriamente, por las normas del Código de Procedimiento Civil y Comercial en lo atinente al proceso sumarísimo.

ARTÍCULO 9º: Demanda. La demanda se propondrá por escrito y deberá contener:

a)      Nombre y apellido o denominación social, tipo y número de documento o personería jurídica, domicilio real o legal y domicilio constituido.

b)      La identificación del archivo, registro o banco de datos público o privado, administrador y/o responsable informático, indicando su domicilio. Cuando se trate de personas jurídicas demandadas, deberá notificarse en el domicilio social registrado ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

En el caso de los archivos públicos, se deberá indicar la dependencia estatal del cual dependen.

c)      La cosa demandada designándola con toda exactitud. Cuando se trate solamente del pedido de tomar conocimiento de los datos personales archivados, el proceso tramitará como si fuera una diligencia preparatoria de la demanda, a cuyos efectos, los requisitos se reducirán a los plazos y modos establecidos en el Código Procesal Civil y Comercial.

d)      Las razones por las cuales entiende que en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida a su persona; los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa o inexacta, y justificar que ha dado cumplimiento con la reclamación previa prevista en el artículo 8º.

En su caso, indicará las razones por las cuales aún siendo exacta la información, entiende que debe ser de tratamiento confidencial e impedirse su divulgación y/o transmisión a terceros.

e)      Ofrecer toda la prueba de que intente valerse. La prueba documental se acompañará con el escrito de demanda o se la individualizará en caso de no tenerla en su poder.

f)        Exponer el derecho sucintamente.

g)      La petición en términos claros y precisos.

ARTÍCULO 10: Medidas cautelares. Luego de presentada la demanda, y en cualquier estado del proceso, el Juez, de oficio o a petición de parte, podrá decretar la medida cautelar que considere apropiada.

El afectado podrá solicitar que mientras dure el procedimiento, el archivo, registro o banco de datos asiente que la información cuestionada está sometida a un proceso judicial.

No obstante, el Juez de oficio, o a pedido de parte, podrá disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato personal motivo del juicio cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que se trate.

ARTÍCULO 11: Ampliación de la demanda. La garantía de hábeas data, podrá ser modificada o ampliada por el accionante en cualquier estado del proceso, en caso de conocerse con posterioridad la existencia de otros registros, archivos o banco de datos, o en lo referente a la modificación de la información requerida, su rectificación, actualización, cancelación o confidencialidad.

ARTÍCULO 12: Intervención de terceros. Integración del proceso. Cuando de la demanda surja manifiestamente la afectación de derechos de terceros que no hubieran sido relacionados o requerido su emplazamiento, el Juez podrá integrarlos al proceso, notificándoles de la demanda y haciéndoles saber que una eventual sentencia condenatoria podría afectarlos.

La negativa a comparecer no impedirá el ejercicio de derechos propios del tercero afectado por el alcance de la sentencia.

ARTÍCULO 13: Del trámite del juicio. El juez deberá pronunciarse sobre la admisión formal de la demanda en el plazo de dos (2) días.

1. Admitida la demanda el Juez emplazará al demandado para que produzca el informe correspondiente.

El plazo para contestar el informe será de cinco (5) días hábiles para las personas de carácter privado y de diez (10) días hábiles para las de carácter público.

Los plazos podrán ser ampliados prudencialmente por el juez ante circunstancias debidamente fundadas.

2. No se admiten en este proceso la acumulación por el actor, de pretensiones de carácter económico. Es improcedente la recusación sin causa y no pueden articularse incidentes, ni reconvención.
3. Solamente proceden las excepciones de:

a)      Incompetencia.

b)      No haberse deducido el reclamo administrativo o intimación previa.

c)      Falta de personería o insuficiencia de la misma.

d)      Falta de legitimación para obrar en el demandante o en el demandado.

e)      Cosa juzgada o litispendencia.

4. En su contestación el accionado deberá expresar las razones por las cuales incluyó las informaciones cuestionadas, el uso o destino que ha dado a las mismas y en su caso, las razones por las cuales no ha evacuado el reclamo previo efectuado por el interesado y ofrecer la prueba de la que intente valerse.

ARTÍCULO 14: Apertura a prueba. Si existiesen hechos controvertidos, el Juez abrirá inmediatamente la causa a prueba, estableciendo el plazo que estimare necesario para su producción.

ARTÍCULO 15: De la sentencia. Vencidos los plazos para contestar el informe o contestado el mismo, y habiendo sido, en su caso, producida la prueba, el Juez dictará sentencia en el término de diez (10) días. No se admitirán alegatos.

En el caso de estimarse procedente la demanda, se especificará si la información debe ser suprimida, rectificada, actualizada o declarada confidencial, estableciendo un plazo para su cumplimiento.

La sentencia deberá indicar con precisión el derecho vulnerado y los actos, tiempo y modo como deberá cumplirse la condena.

El rechazo de la demanda no constituye presunción respecto de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el demandante.

Con la sentencia se establecerán las condenaciones accesorias y se establecerá el curso de las costas y la regulación de honorarios profesionales.

ARTÍCULO 16: Recursos. Contra la resolución que dictamine sobre medidas cautelares y contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, que deberá ser interpuesto fundado dentro de los dos (2) días hábiles para las primeras y dentro de los cinco (5) días hábiles para las segundas de notificada la resolución.

El recurso se concederá o rechazará de inmediato, dentro de las veinticuatro (24) horas de haberse interpuesto.

En caso de concederlo lo hará con efecto devolutivo, salvo que el cumplimiento de la resolución pueda ocasionar un gravamen irreparable, en cuyo caso, con carácter excepcional, se podrá otorgar con efecto suspensivo.

Contestado el traslado o vencido el plazo de dos (2) o cinco (5) días respectivamente para hacerlo, se eleva inmediatamente el expediente al respectivo tribunal de alzada.

ARTÍCULO 17: Subsistencia de acciones. La sentencia deja subsistente el ejercicio de las demás acciones que puedan corresponder con independencia de hábeas data.

ARTÍCULO 18: Costas. Las costas del proceso se impondrán a quien resulte vencido.

ARTÍCULO 19: Tasas. Las actuaciones del proceso de hábeas data están exentas del pago previo de tasas de justicia y de cualquier impuesto, sin perjuicio de la reposición que se realizará cuando exista condenación de costas.

ARTÍCULO 20: Además será de aplicación la presente Ley cuando quien tenga legitimación activa, sea afectado por la Ley 12475.

ARTÍCULO 21: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los dos días del mes de diciembre de dos mil diez.

LEY DE HABEAS CORPUS PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY 13252

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

ARTICULO 1º.- Sustitúyese el artículo 164º de la Ley 11.922: Código Procesal Penal – y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 164º: Impugnaciones. Contra la decisión que impusiera la detención, la prisión preventiva o denegare su cese, solamente procederá la interposición de un recurso de apelación ante la Cámara de Garantías, o la petición de Hábeas Corpus en los supuestos previstos por el artículo 405º de este Código".

* Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación n° 2749/04 de la presente Ley.

ARTICULO 2º.- Sustitúyense los artículos 405º, 406, 407º y 412º de la Ley 11.922: Código Procesal Penal – y sus modificatorias, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"Artículo 405º: Procedencia. La petición de Hábeas Corpus procederá contra toda acción u omisión que, directa o indirectamente, de modo actual o inminente, en forma ilegal o arbitraria, causare cualquier tipo de restricción o amenaza a la libertad personal.

Especialmente procederá el Hábeas Corpus contra toda orden de detención o prisión preventiva que no respete las disposiciones constitucionales o aquellas que regulan la materia en este Código (artículo 144º y siguientes) o que no emane de autoridad competente. También corresponderá en caso de agravamiento de las condiciones de detención o en el de desaparición forzada de personas.

Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto y de las vías de impugnación ordinarias previstas en este Código, se considerará ilegal o arbitraria a los efectos de la procedencia del Hábeas Corpus toda orden de detención o prisión preventiva dictada:

Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación n° 2749/04 de la presente Ley.

1.-Cuando se pretenda imputar dos veces el mismo delito.

2.-En contra de una persona que con relación al hecho imputado, se encuentre amparada por una ley de amnistía o de indulto.

3.- En los casos en que "prima facie" aparece prescripta la acción o la pena.

4.- En materia contravencional, cuando la ley no la autoriza.

5.- Cuando proceda, en cualquier etapa del proceso, la excarcelación o la eximición de prisión y al imputado se le hubiere negado ese derecho.

6.- En los casos en que se mantenga la privación de la libertad sin presentación o puesta a disposición de la autoridad judicial competente (artículos 155 y 161 de este Código)

El Hábeas Corpus contra el auto de prisión preventiva procederá hasta la iniciación de la audiencia de debate."

"Artículo 406º: Competencia. El Hábeas Corpus podrá presentarse ante cualquier órgano jurisdiccional de la Provincia con competencia penal.

En los casos en que se formule ante un Tribunal será sustanciado por cualquiera de sus miembros.

Cuando el Hábeas Corpus se promueva contra una orden de detención, prisión preventiva u otra resolución dictada por un Juez o Tribunal, intervendrá la Cámara de Garantías departamental, a la que se le remitirán los antecedentes de lo actuado y copia certificada de la resolución impugnada dentro de las veinticuatro (24) horas de requeridos."

Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación n° 2749/04 de la presente Ley. Ver el Decreto de Promulgación al pie de la presente en cuanto a la observación del tercer párrafo del artículo 406.

"Artículo 407º: Requisitos. El Hábeas Corpus no requerirá formalidad alguna y podrá ejercerse por sí o a través de terceros, aún sin mandato.

Sin perjuicio de ello, quien lo ejerza proporcionará, en lo posible: el nombre y domicilio real del peticionante; nombre, domicilio real y demás datos personales conocidos de la persona en cuyo favor se peticiona; la autoridad o particular de quien emane el acto denunciado como lesivo; y la sucinta relación de las razones que fundamentan el pedido.

Podrá ser formulado a cualquier hora, por escrito u oralmente, en cuyo caso se deberá labrar acta, en la cual, cuando fuere posible, se mencionará la identidad del peticionante.

En aquellos supuestos en que por esta vía se impugne una detención, prisión preventiva u otra decisión emanada de un órgano judicial, la petición deberá contener, bajo sanción de inadmisibilidad, lo motivos de agravio en que la misma se sustente".

"Artículo 412º: Audiencia. El órgano interviniente, deberá designar audiencia oral a tal fin a todos los interesados.

Tanto el requirente como el requerido, deberán contar con asistencia letrada cuando corresponda, a quienes se dará oportunidad para que se pronuncien por sí o por intermedio de sus letrados.

La audiencia comenzará con la lectura de la petición de Hábeas Corpus o acta labrada a tal fin y demás informes que se estimen convenientes."

ARTICULO 3º.- Sustitúyese el artículo 11º de la Ley 11.922: Código Procesal Penal – y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 11º: Cuestiones prejudiciales. Cuando la existencia del delito dependa de una cuestión prejudicial establecida por la ley, el ejercicio de la acción penal se suspenderá, aún de oficio, hasta que en la otra jurisdicción recaiga sobre aquella sentencia firme.

La suspensión del proceso en ningún caso importará la prescripción de la acción, inclusive cuando la cuestión prejudicial se trate del pronunciamiento definitivo de los organismos constitucionales en asuntos sometidos a su jurisdicción por la Constitución provincial.

Si la cuestión prejudicial apareciera introducida con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, el órgano jurisdiccional ordenará que éste continúe.

Resuelta la suspensión del proceso, se ordenará la libertad del imputado, sin perjuicio de realizarse los actos urgentes de la Investigación Penal Preparatoria."

ARTICULO 4º.-Sustitúyese el artículo 155º de la Ley 11.922: Código Procesal Penal – y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 155º: Presentación del aprehendido. El funcionario o auxiliar de la Policía que haya practicado una aprehensión deberá comunicarla conforme lo dispuesto en el artículo 296º y presentar inmediatamente a la persona ante el Fiscal interviniente."

ARTICULO 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DECRETO 2.749/04

VISTO lo actuado en el expediente 2100-35794/04, por el que tramita la promulgación de un proyecto de ley, sancionado por la Honorable Legislatura en fecha 28 de octubre del corriente año, mediante el cual se sustituyen diversos artículos de la Ley 11.922 y sus modificatorios -Código Procesal Penal de la Provincia, y

CONSIDERANDO:

Que liminarmente, es dable decir que la propuesta legislativa en análisis reformula ampliamente el procedimiento aplicable a la garantía constitucional de Hábeas Corpus, prevista contra toda acción u omisión que, directa o indirectamente, de modo actual o inminente, en forma ilegal o arbitraria, causare cualquier tipo de restricción o amenaza a la libertad personal de las personas,

Que en tal sentido, la iniciativa sub-exámine modifica las previsiones del artículo 164 del código ritual mencionado, ampliando la procedencia del recurso de apelación ante la Cámara de Garantías a los supuestos de detención o denegación de su cese, a la vez que establece para tales casos -además del ya previsto de dictado de prisión preventiva- la vía de la petición de Hábeas Corpus, en los términos de su similar 405 de ese cuerpo legal;

Que en lo atinente a las previsiones contenidas en el proyectado artículo 406, cuadra advertir que dicho dispositivo limita la presentación de esa medida sólo ante órganos jurisdiccionales de la Provincia con competencia penal, contrariando de ese modo, el texto constitucional provincial que, explícitamente, estipula en su artículo 20, inciso 1º, párrafo 1º, que la garantía de Hábeas Corpus podrá ejercerse ante cualquier juez;

Que cabe poner de manifiesto al respecto, que la precitada cláusula de la Carta Magna provincial impone que las garantías allí contenidas son operativas, debiehdo los jueces resolver sobre lo procedencia de las acciones, en consideración a la naturaleza de los derechos tutelados;

Que elementales presupuestos de supremacía constitucional impiden a una norma de rango inferior restringir principios y garantías establecidos en la Ley Fundamental;
Que, asimismo debe tenerse presente que se encuentra en trámite de promulgación un proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura (E-105/04-05), que también introduce reformas al Código Procesal Penal -Ley Nº 11.922-;

Que la circunstancia de que en ambos proyectos se contemplen mecanismos de revisión con relación medidas de coerción personal, torna necesario formular otras observaciones que permitan lograr que ambas reformas resulten sistemáticamente compatibles entre sí y no generen a su vez, desequilibrios dentro del ordenamiento integral del Código Procesal Penal,

Que en virtud de ello, resulta necesario para este Poder del Estado ejercer las prerrogativas contenidas en el artículo 108 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, máxime que la objeciones planteadas no alteran la aplicabilidad, ni var en detrimento de la unidad del texto de la ley,

Por ello,

El GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES

DECRETA

Art. 1º.- Obsérvase en el artículo 164 de la ley 11.922, conforme la redacción dada por el artículo 1º del proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura con fecha 28 de octubre del corriente año, al que hace referencia el Visto del presente, la expresión ".. la detención..".

Art. 2º.- Obsérvase en el segundo párrafo del artículo 405 de la ley 11.922, conforme la redacción dada por el artículo 2º del proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura, con fecha 28 de octubre del corriente año, al que hace referencia el artículo anterior, la siguiente expresión "...orden de detención o...", y la expresión "... orden de ...", contendida en el tercer párrafo del mismo artículo,

Art. 3º.- Obsérvase en el primer párrafo del artículo 406 de la ley 11.922, conforme la redacción dada por el artículo 2º del proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura, con fecha 28 de octubre del corriente año, al que hace referencia el artículo primero de este decreto, la siguiente expresión "...con competencia penal", y en el tercer párrafo del mismo artículo la expresión "...orden de detención u otra resolución..."

Art. 4º.- Promúlgase el texto aprobado, con excepción de las observaciones dispuesta en los artículos precedentes.

Art. 5º.- Comuníquese a la Honorable Legislatura.

Art. 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Justicia.

Art. 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y archívese,

SOLA
E.L. Di Rocco

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